Se autoriza a la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional, a retirar con el servicio de grúa o por otros medios, si el propietario o legítimo poseedor no lo ha hecho, los vehículos que se encuentren en la vía pública y trasladarlos al depósito público o privado debidamente autorizado por la autoridad municipal en coordinación con la autoridad de tránsito en los siguientes casos:
1) Cuando se encuentre en estado de abandono.
2) En casos de accidentes cuyos resultados ocasionen muertos, o no habiéndolos, que los daños sean tales que impidan continuar su circulación.
3) Cuando sean estacionados en lugares no autorizados.
4) Cuando el conductor del vehículo incurra en delitos tipificados por la Ley Nº. 641, Código Penal o que en virtud de estos se encuentren circulados por la autoridad competente o por faltas previstas en la presente Ley.
5) Cuando se encuentren mal estacionados o aquellos que por desperfecto técnico o mecánico obstaculicen el tráfico vehicular en las calles o carreteras del país.
6) Cuando perturben la libre circulación de los demás vehículos automotores o peatones.
7) Cuando produzcan daños a bienes de particulares o al patrimonio público.
8) Cuando no cesen las causas de la inmovilización y traslado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 133 de la presente Ley.
9) Por orden de autoridad judicial competente.
El propietario o el legítimo poseedor de los vehículos debe gestionar la devolución de los mismos previo pago de:
1) Costos del traslado y depósito en el parqueo.
2) La multa por la infracción cometida.
3) Que hayan cesado las causas que originaron tal retención.
Se exceptúan aquellos casos en que por sustracción u otras formas no autorizadas por el dueño para la utilización del vehículo o este haya sido utilizado en contra de la voluntad de su propietario o legítimo poseedor.
Los procedimientos para la notificación y demás trámites se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.