Quien no preste a la autoridad, funcionario o empleado público, la ayuda requerida o no suministre la información que se le pide o la dé falsa en caso de terremoto, incendio, inundación, naufragio u otra calamidad o desgracia, pudiendo hacerlo sin grave detrimento propio, será sancionado con pena de diez a cuarenta y cinco días multa, o trabajo en beneficio de la comunidad de diez a treinta jornadas de dos horas diarias.