La autoridad, funcionario o empleado público que dé un destino diferente al señalado por la ley, para los caudales públicos, bienes muebles o inmuebles, dinero o valores pertenecientes a cualquier administración pública, órganos, dependencias, entes desconcentrados, descentralizados, autónomos o empresas del Estado, del Municipio y de las Regiones Autónomas u organismos dependientes de algunas de ellas, cuya administración, tenencia o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo o funciones de la administración pública, será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión e inhabilitación por el mismo período, para ejercer empleo o cargo público.