La autoridad, funcionario o empleado público que sustraiga, apropie, distraiga o consienta, que otro sustraiga, apropie o distraiga bienes, caudales, valores o efectos públicos, cuya administración, tenencia o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo en funciones en la administración pública, órganos, dependencias, entes desconcentrados, descentralizados, autónomos o empresas del Estado, del Municipio y de las Regiones Autónomas, para obtener para sí o para tercero un beneficio, será penado con prisión de cuatro a diez años, e inhabilitación absoluta por el mismo período.

Si los bienes, caudales, valores o efectos sustraídos, apropiados o distraídos hubieran sido declarados de valor cultural, paleontológico, históricos, artísticos, arqueológico, o si se trata de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública, se impondrá la pena de seis a doce años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período.

Estas disposiciones también serán aplicables a los administradores y depositarios de bienes, caudales, valores o efectos que hayan sido entregados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

Para los efectos de este Capítulo y el siguiente, se entenderá como bienes, caudales o efectos públicos, todo los bienes, muebles e inmuebles, tangibles o intangibles, corporales e incorporales, fondos, títulos valores activos y demás derechos que pertenezcan al Estado o a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intente robar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

CAPÍTULO VIII DE LA MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS