La autoridad, funcionario o empleado público que aproveche o permita que otro aproveche o que se diere en uso privado, en beneficio propio o de un tercero, de recursos humanos al servicio o persona bajo custodia de la administración o entidad estatal, regional o municipal o de entes descentralizados, desconcentrados o autónomos, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada, incurrirá en la pena de dos a cuatro años de prisión e inhabilitación por el mismo período para ejercer cargo o empleo público.

CAPÍTULO IX DE LOS FRAUDES Y EXACCIONES