Sin perjuicio de las demás atribuciones necesarias para su funcionamiento que se desarrollen en el Reglamento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes: 1. Elaborar y proponer al MIFIC las políticas públicas y programas dirigidos a la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras o usuarias; 2. Servir como ente de consulta en materia de políticas públicas y acciones nacionales e internacionales a favor de las personas consumidoras o usuarias; 3. Asesorar a la DIPRODEC sobre los temas específicos relacionados a problemáticas existentes en la reivindicación de los derechos de las personas consumidoras y usuarias; 4. Promover y facilitar la participación activa de las organizaciones en pro de la defensa de los derechos de las personas consumidoras o usuarias en los procesos de formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas y programas nacionales y locales dirigidos a asegurar la plena defensa de los derechos de las personas consumidoras o usuarias en Nicaragua; 5. Conocer de parte de las instituciones y organizaciones miembros del Consejo, sobre los avances de la implementación de programas y proyectos a favor de las personas consumidoras o usuarias, así como las actualizaciones de las normativas y demás resoluciones administrativas aprobadas por cada autoridad competente según la materia; 6. Solicitar a los Entes Reguladores informes periódicos, sobre los avances en la aplicación de la presente Ley y en particular, las estadísticas de los casos atendidos y resueltos que fueron interpuestos por las personas consumidoras o usuarias ante estas instancias; y 7. Instalar las comisiones internas de trabajo por sectores involucrados.
Arto. 93 Atribuciones del Consejo de la Ley del Consumidor
Fuente: Asamblea Nacional de Nicaragua — Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842). Fecha de auditoría: 4 de noviembre de 2026.
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Nota: Este texto corresponde a Ley del Consumidor (Ley 842). Es una herramienta de consulta informativa pública y no sustituye el asesoramiento legal especializado.