En la contratación para la adquisición de bienes o servicios que sean cancelados a plazos; mutuos y créditos de cualquier clase, el interés se aplicará únicamente sobre saldos adeudados. Los pagos no podrán ser exigidos por adelantado y solamente se podrán cobrar por periodos vencidos. Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a abonar anticipadamente o cancelar su crédito antes del vencimiento del plazo establecido, con la consiguiente reducción proporcional de los intereses que no se devenguen, sin penalidad alguna. La tasa de interés máxima aplicable a estas operaciones, será la tasa de interés hasta de dos (2) veces la tasa promedio ponderada que cobren los bancos comerciales autorizados en el país, publicada por el Banco Central de Nicaragua. No podrán hacerse cargos adicionales que de manera directa o indirecta alteren la tasa de interés previamente pactada. Se prohíbe la simulación en los contratos y en particular la capitalización de los intereses en este tipo de operaciones. Los intereses moratorios deberán ser calculados, cobrados y pagados únicamente sobre el saldo vencido del crédito. Cuando se demandaren solo los intereses moratorios, estos nunca podrán exceder ni en monto ni cuantía a la deuda principal, y cuando se reclamare la deuda principal y los intereses moratorios, estos últimos no podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto principal. Si la obligación principal fuere cumplida en partes, los intereses moratorios se reducirán en la misma proporción. Cualquier estipulación contractual que contravenga las presentes disposiciones será nula de pleno derecho. Se excluyen de lo estipulado en el presente Capítulo, a las instituciones financieras autorizadas y reguladas por sus leyes especiales.
Arto. 75 De las compraventas a plazos, mutuos con garantía prendaria y otros créditos de la Ley del Consumidor
Fuente: Asamblea Nacional de Nicaragua — Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842). Fecha de auditoría: 4 de noviembre de 2026.
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Nota: Este texto corresponde a Ley del Consumidor (Ley 842). Es una herramienta de consulta informativa pública y no sustituye el asesoramiento legal especializado.