La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios básicos: 1. Accesibilidad: el Estado a través de sus órganos de aplicación de la presente Ley, procurará la cobertura más amplia y más cercana a la población para ser efectiva la atención de reclamos, denuncias o consultas, de personas consumidoras o usuarias afectados en sus derechos en las relaciones de consumo con las personas proveedoras de bienes y servicios. 2. Asociatividad: el Estado ejerce un rol de facilitador en la creación y actuación de las asociaciones de personas consumidoras o usuarias, en el marco de la actuación responsable y de conformidad a lo previsto en la presente Ley. 3. Buena fe: las personas proveedoras, consumidoras, usuarias y autoridades involucradas en la resolución de los conflictos entre consumidoras o usuarias con las personas proveedoras, deben actuar y guiar su conducta acorde con la honradez, veracidad, justicia, imparcialidad y lealtad, en los actos o contratos de compra venta de bienes y servicios. 4. Coordinación: el Estado, a través de sus instituciones y en conjunto con las organizaciones de las personas consumidoras, usuarias y las personas proveedoras, ejercerán la coordinación interinstitucional e intersectorial para el desarrollo de las políticas públicas en pro de la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. 5. Igualdad y no discriminación: las personas consumidoras y usuarias deben ser tratados en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna por motivo de nacionalidad, credo político, raza, sexo, género, idioma, religión, opinión, origen, discapacidad o posición económico-social. 6. Pro consumidor y correctivo: el Estado, a través de las autoridades y los procesos correspondientes, es responsable de efectuar una real protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, así como corregir las asimetrías, distorsiones en la información o malas prácticas que vulneren la situación de las personas consumidoras y usuarias frente a las personas proveedoras en los actos de contratación y compra o venta de bienes y servicios. El Estado está obligado a aplicar la norma más favorable a las personas consumidoras y usuarias, en los casos que haya ambigüedad entre las normas o dudas de interpretación. 7. Soberanía de decisión de las personas consumidoras y usuarias: las personas consumidoras y usuarias tienen el pleno derecho y libertad de elegir el consumo de bienes y servicios producidos y comercializados por personas proveedoras en el mercado. 8. Transparencia en la información y divulgación: toda la información acerca del bien o servicio que adquieran las personas consumidoras y usuarias, debe ser proporcionada y divulgada a este por su proveedor de bienes o servicios, o por la autoridad de aplicación correspondiente, de manera transparente, adecuada, veraz, completa y de acuerdo a las normas nacionales e internacionales correspondientes.
Arto. 4 Principios de la Ley del Consumidor
Fuente: Asamblea Nacional de Nicaragua — Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842). Fecha de auditoría: 4 de noviembre de 2026.
¿Observas una errata o texto desactualizado? Reportar corrección
Artículos Relacionados
La presente Ley tiene por objeto: a. Establecer el marco legal de protección de los derechos de las ......
Están sujetos a las disposiciones de esta Ley, todos los actos jurídicos bajo la relación de consumo......
Para efectos de esta Ley no se consideran personas consumidoras o usuarias, a quienes adquieran, alm......
Nota: Este texto corresponde a Ley del Consumidor (Ley 842). Es una herramienta de consulta informativa pública y no sustituye el asesoramiento legal especializado.