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Arto. 38 Ley 842 • Ley del Consumidor

Arto. 38 De la finalización unilateral por parte del usuario del contrato de los servicios de telefonía móvil, internet y televisión por cable de la Ley del Consumidor

Artículo 38 de 138 República de Nicaragua
Texto Literal de la Ley

La persona usuaria podrá finalizar anticipadamente el servicio de telefonía celular, internet o televisión por cable contratados. La persona proveedora deberá respetar la decisión de la usuaria, sin cobrar recargo de penalización por ello, ni pagos futuros por consumo de los meses faltantes, siendo exigido únicamente el cobro por el equipo utilizado para el servicio, ya sea teléfono móvil, modem, antena u otros dispositivos, pasando estos a formar parte de la propiedad del consumidor, si fuere el caso. El contrato por adhesión de los servicios de telefonía móvil, internet y televisión por cable, deberá establecer en sus cláusulas la disposición del párrafo anterior, para la debida información a la persona consumidora. Así mismo, al momento de firma del contrato, la persona proveedora deberá entregar a la persona consumidora o usuaria por separado el detalle del costo mensual por el servicio y el equipo, siendo el cobro de este último de manera proporcional a los meses pactados del servicio. Cuando la persona consumidora requiera, para la prestación efectiva de su servicio, inversiones adicionales o condiciones especiales por parte de la persona proveedora, se podrá pactar un plazo forzoso sujeto a penalidad por terminación unilateral anticipada del contrato por parte de la persona consumidora. En el caso de que las empresas proveedoras de estos servicios incumplen en lo señalado en este Artículo, el usuario afectado podrá interponer el reclamo ante al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.

Fuente: Asamblea Nacional de Nicaragua — Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842). Fecha de auditoría: 4 de noviembre de 2026.

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Nota: Este texto corresponde a Ley del Consumidor (Ley 842). Es una herramienta de consulta informativa pública y no sustituye el asesoramiento legal especializado.