Las personas proveedoras de bienes y servicios deberán informar en letra legible, al menos los siguientes aspectos: 1. Origen o procedencia geográfica, composición, finalidad y aditivos utilizados; 2. Contenido neto e ingredientes del producto; 3. Fecha de vencimiento del producto, peso neto, instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, con advertencias y riesgos previsibles e incompatibilidades con otros productos; 4. Precio de los bienes y servicios en moneda nacional a la vista del público que incluirá el valor e impuestos que los grave; 5. Términos de las condiciones de pago, seguros, garantías, servicios, repuestos, entre otros, 6. Etiquetas que se ajustarán a su naturaleza, características y condiciones, además de la finalidad enunciada; todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N°. 219, Ley de Normalización Técnica y Calidad, del 9 de mayo de 1996, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 123 del 2 de julio de 1996 y su Reglamento, Decreto N°. 71-97, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 241 del 18 de diciembre del año 1997, la Ley N°. 225, Ley sobre Metrología, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 135 del 18 de julio del año 1996 y su Reglamento, Decreto N°. 65-97, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 227 del 27 de noviembre del año 1997, las Normas Técnicas Obligatorias vigentes y al Reglamento de la presente Ley; y 7. Los resultados, beneficios, consecuencias o implicaciones que se pueden esperar del uso del producto o de la contratación del servicio. Cuando se ofrezca al público bienes que presenten alguna deficiencia, que sean usados o reconstruidos, se deberá expresar esta circunstancia, de forma clara, precisa y comprobable a las personas consumidoras.
Arto. 23 Sobre el deber de información mínima de la Ley del Consumidor
Fuente: Asamblea Nacional de Nicaragua — Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842). Fecha de auditoría: 4 de noviembre de 2026.
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Nota: Este texto corresponde a Ley del Consumidor (Ley 842). Es una herramienta de consulta informativa pública y no sustituye el asesoramiento legal especializado.