Quien a sabiendas, haya ofrecido o intercambiado testigo, perito intérprete o traductor, que haya incurrido en falsedad en su declaración, informe o traducción en causa judicial o administrativa, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer empleo, oficio o cargo público de que se trate.
La misma pena se impondrá al que conscientemente presente en juicio documentos o piezas de convicción falsos.