Si las conductas previstas en los delitos de rebelión o motín, hubieran sido realizadas por autoridad, funcionario o empleado público, las penas se aumentarán en un tercio en sus extremos mínimo y máximo y se impondrá inhabilitación absoluta por el mismo período. En el caso de rebelión, además se aplicará los impedimentos que al efecto señale la Constitución Política de la República de Nicaragua.