El que en perjuicio de otro, alce o baje el precio de mercaderías, valores o tarifas en el mercado, mediante negociaciones fingidas, noticias falsas, acaparamiento, destrucción de productos, materia prima, maquinaria o mediante convenios o acuerdos con otros productores, tenedores o empresarios, será sancionado con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio.

La pena de prisión será de tres a ocho años si se trata de servicios públicos, artículos básicos de primera necesidad o medicamentos.