Quien, sin el consentimiento de la mujer, procure su embarazo utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial, será penado con prisión de tres a cinco años. Si resultara el embarazo, se aplicará prisión de cuatro a seis años. En ambos casos, cuando se trate de profesionales de la salud, se impondrá además pena de inhabilitación especial de cinco a diez años.