Cuando a criterio de la autoridad judicial, en virtud del estado de vulnerabilidad en que se pueda encontrar una persona, cuyos derechos se tutelan en la presente ley, dado el eminente riesgo que corre en su estabilidad física y emocional y a sabiendas de una eventual oposición al cumplimiento provisional o definitivo de la resolución, podrá la autoridad judicial decidir la entrega forzosa, indicando lugar de entrega, que puede ser la propia sede del juzgado u otro, o incluso, dictar orden de allanamiento de morada según los trámites del Código Procesal Penal o cualquier otra medida necesaria para asegurar a aquella, su estabilidad física y emocional.