La ejecución se realizará a petición de las partes o por las instituciones del Estado que hayan participado en el proceso, salvaguardando intereses de las personas con especial protección de las que habla este Código, o de oficio, cuando la autoridad judicial considere racionalmente, que evitará o disminuirá, daños morales o materiales para las personas cuyos derechos se consagran en la resolución a ejecutar.