El padre o la madre perderá la administración de los bienes del hijo, hija o mayor discapacitado cuando pongan en peligro el patrimonio, sea ruinosa, se pruebe ineptitud para administrarlos o cuando se hallen reducidos a estado de insolvencia o concurso judicial de sus acreedores. La autoridad judicial de oficio o a solicitud de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o del procurador de familia, procederá a la remoción. Removido uno de los progenitores de la administración de los bienes, la autoridad judicial la encargará al otro u otra, si se suspende a ambos, nombrará un administrador, tutor o tutora especialmente designado.