El padre y la madre no podrán renunciar a los derechos de los cuales los hijos o hijas sean titulares, ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales ni objetos de extraordinario valor, sino por causa justificada de utilidad o necesidad del hijo o hija y previa autorización de la autoridad judicial con audiencia a la Procuraduría nacional de la familia.