El funcionario, autoridad o empleado público que habiendo sido debidamente citado por la Asamblea Nacional, para comparecer en asuntos de su competencia, y sin justa causa, se niegue a comparecer u omita, oculte o altere información requerida, será sancionado de seis meses a un año de prisión e inhabilitación para ejercer cargo o empleo público por el mismo período.

En la misma conducta incurrirá, aquel que teniendo una relación jurídica o contractual con instituciones estatales o que tenga en su poder documentos o información de la materia que se investiga o de interés público, será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa.

CAPÍTULO III DE LA INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y DE LA VIOLACIÓN DE SECRETOS