Quien realice experimentos médicos, químicos, bioquímicos, fisiológicos o síquicos sobre una persona, sin el consentimiento de esta, y sin autorización del órgano competente, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial de seis a ocho años para ejercer profesión u oficio relacionado con la conducta.

Si los experimentos se hubieran realizado sobre un grupo de más de diez personas se impondrá prisión de cuatro a seis años y la pena de inhabilitación especial señalada tendrá una duración de ocho a diez años.

Si el experimento hubiera consistido en la distribución gratuita o venta pública de drogas o sustancias medicinales, no probadas científicamente, o cuyos efectos principales o secundarios sean desconocidos, se impondrá prisión de seis a diez años e inhabilitación especial de diez a quince años para ejercer profesión u oficio relacionado con la conducta. Las mismas penas tendrá el funcionario público que autorice la distribución al público de drogas o sustancias medicinales en esas circunstancias.

Si el experimento es idóneo para poner en riesgo la salud de las personas, las penas previstas en los párrafos anteriores se incrementarán en un tercio.