El que, teniendo bajo su custodia, administración o distribución, bienes destinados a la distribución gratuita, ilegítimamente, los venda o enajene, será sancionado con prisión de uno a dos años y de trescientos a quinientos días multa. Si el delito se comete en época de conmoción o calamidad pública, o es realizado por autoridad, funcionario o empleado público, la pena será de tres a ocho años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión u oficio.