Quien ofrezca al público bonos, acciones u otro tipo de obligaciones de sociedades mercantiles, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas, o afirmando hechos o circunstancias falsas, que puedan causar perjuicios a tercero, será penado con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial por el mismo período de la condena para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio.

La pena podrá ser incrementada hasta el doble en sus límites mínimo y máximo, cuando el delito se ejecute a través de una entidad que realiza oferta pública de títulos valores.