Quien haya sido declarado en quiebra o provocado la misma por insolvencia propia en perjuicio de sus acreedores, a consecuencia de sus gastos excesivos en relación con el patrimonio propio o de terceros, especulaciones ruinosas, juegos, abandono de sus negocios o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia, será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período, para ejercer el cargo, profesión, arte u oficio.