Cuando en la sentencia se dispongan medidas de protección para niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas, personas declaradas judicialmente incapaces, o en situación de vulnerabilidad, como pueden ser mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, la autoridad judicial las revisará de oficio, cada seis meses a fin de mantenerlas, sustituirlas, modificarlas o cesarlas. La autoridad judicial determinará el momento en que deba cesar esta revisión periódica. En estos casos el expediente no se archivará de forma definitiva, sino que se irán asentando en él, los resultados de las revisiones, incorporando actas firmadas por la autoridad judicial, el secretario y los sujetos del proceso que fueren necesario.