Los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo la autoridad parental deberán ser escuchados en todo procedimiento administrativo y judicial que tenga relación con ellos de manera personal y en consonancia con las normas y procedimientos correspondientes, según sea el caso y en función de su edad y madurez. En caso de niños y niñas, la escucha será obligatoria cuando sean mayores de siete años.