La autoridad, funcionario o empleado público que, fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realice por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asuntos en que debe de intervenir o que haya intervenido por razón de su cargo y funciones, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión e inhabilitación por el mismo período para ejercer cargo o empleo público.