Quien, designado oficialmente por el gobierno nicaragüense para dirigir una negociación con persona o con grupo de personas de otro país, con un Estado extranjero o un organismo internacional, actúe fuera de las instrucciones recibidas en perjuicio de los intereses de Nicaragua, será sancionado con pena de cinco a ocho años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer función, empleo, profesión, oficio o cargo público.