Quien dañe o inutilice diques u otras obras destinadas a la defensa civil, será penado con prisión de uno a cuatro años.
La misma pena se aplicará a quien, para impedir o dificultar las tareas de defensa contra un desastre, substraiga, oculte o inutilice materiales, instrumentos u otros medios destinados a la defensa civil.
La pena se incrementará en un tercio en sus extremos mínimo y máximo cuando el delito sea cometido por autoridad, funcionario o empleado público.