Quien a nombre propio, por delegación o en representación de otra persona natural o jurídica, concierte con el deudor o con un tercero ventajas ilegales para el supuesto de aceptación de un avenimiento, convenio o transacción, será penado con prisión de seis meses a dos años o de noventa a ciento cincuenta días multa.

El deudor o quien actuando en representación de una persona jurídica, declarada en quiebra o concursada civilmente, sin autorización judicial o de los órganos concúrsales, realice cualquier acto de disposición patrimonial destinado a pagar a uno o varios acreedores con posposición del resto, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.