La iniciativa económica es libre. El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares, garantizando las actividades sin más limitaciones que, por motivos sociales o de interés nacional, impongan las leyes.
El Estado, con el apoyo de los sectores privado, cooperativo, asociativo, comunitario, comunal y mixto, impulsará políticas públicas y privadas que estimulen un amplio y equitativo acceso de la población rural y urbana al financiamiento.