Habrá lugar a la evicción, cuando un acto del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo privare al comprador en virtud de un derecho preexistente; pero no habrá lugar a la evicción, si el acto que trae la privación del derecho no fuere fundado sobre un derecho preexistente o sobre una prohibición anterior que pertenece al Soberano declarar o hacer respetar.